La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) confirmó la cancelación de las fichas rojas que permitían la búsqueda internacional de la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes son requeridos por la justicia mexicana por presuntos delitos financieros.

La eliminación de las notificaciones quedó efectiva desde el 25 de septiembre, aunque los detalles del procedimiento trascendieron públicamente semanas después. La decisión modifica el mecanismo de localización internacional de ambos, pero no implica que hayan quedado libres de las acusaciones que enfrentan en México.

El procedimiento para retirar las alertas comenzó el 13 de octubre de 2025, cuando la defensa de la pareja solicitó que se eliminaran sus registros de búsqueda. Entre los argumentos presentados se señaló que el caso tendría motivaciones políticas y que existían riesgos relacionados con una posible detención arbitraria, además de cuestionamientos sobre las garantías para un juicio justo.

La defensa también sostuvo que la exposición pública del caso y la falta de una resolución de fondo sobre un recurso de amparo afectaban los derechos de sus representados.

Las fichas rojas habían sido emitidas en 2021, a solicitud de autoridades mexicanas, para facilitar la localización de Gómez Mont y Álvarez Puga en los países integrantes de Interpol. La investigación está relacionada con presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, así como con un supuesto esquema de facturación irregular vinculado a contratos públicos.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó el 30 de septiembre que el Gobierno de México buscaría conocer los motivos de la decisión y solicitaría que las notificaciones fueran reactivadas. La mandataria cuestionó que se retirara el mecanismo de búsqueda mientras ambos mantienen órdenes de aprehensión en territorio nacional.

Hasta el momento, la cancelación de las fichas rojas no significa que las órdenes judiciales mexicanas hayan sido anuladas. Las autoridades pueden mantener vigentes sus procedimientos internos y recurrir a otros mecanismos de cooperación internacional, aunque la ausencia de estas alertas modifica las herramientas de localización disponibles mediante Interpol.

El caso vuelve a colocar bajo escrutinio la cooperación entre México y los organismos internacionales para localizar a personas requeridas por la justicia. Mientras el Gobierno federal ha manifestado su intención de buscar la reactivación de las notificaciones, la defensa de la pareja promovió la cancelación mediante un procedimiento que cuestionó la naturaleza y las garantías del proceso judicial.

Por ahora, la situación legal de Gómez Mont y Álvarez Puga en México permanece separada de la decisión administrativa de Interpol: las fichas rojas fueron canceladas, pero las órdenes de aprehensión reportadas continúan vigentes.