El vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro, solicitó licencia a su cargo luego de que autoridades de Estados Unidos lo señalaran por presuntos vínculos con actividades relacionadas al narcotráfico.
La decisión ocurre en medio de un contexto de creciente presión internacional, luego de que el nombre del funcionario apareciera en investigaciones estadounidenses relacionadas con redes del crimen organizado que operan en el noroeste de México.
Aunque hasta el momento no se han presentado cargos formales en territorio mexicano, las acusaciones han generado cuestionamientos sobre la permanencia del funcionario dentro de la estructura de procuración de justicia en el estado.
Fuentes cercanas al caso señalan que la licencia tiene como objetivo permitir el desarrollo de las investigaciones sin interferencias institucionales, mientras se esclarecen los señalamientos.
Por su parte, autoridades estatales no han emitido una postura detallada sobre el fondo de las acusaciones, aunque se espera que en los próximos días se informe sobre la situación legal del funcionario y los pasos a seguir dentro de la Fiscalía.
El caso se suma a otros episodios recientes en los que funcionarios públicos han sido señalados por posibles vínculos con el crimen organizado, lo que ha reavivado el debate sobre los mecanismos de control y depuración en corporaciones de seguridad y justicia en México.
