El Gobierno federal planteó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) la creación de una aseguradora pública que se encargue de administrar y pagar pensiones, como parte de una nueva propuesta para destrabar el conflicto magisterial que mantiene movilizaciones en varios estados del país.
La propuesta, presentada en el marco de las mesas de diálogo en la Secretaría de Gobernación, incluye también el fortalecimiento de PENSIONISSSTE, con el objetivo de mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores del Estado bajo el esquema actual de cuentas individuales.
De acuerdo con la información difundida por autoridades federales, la aseguradora pública estaría enfocada exclusivamente en la administración y entrega mensual de pensiones, lo que representaría un cambio relevante frente al sistema vigente, donde predominan las Afores privadas.
Sin embargo, la CNTE ha considerado insuficiente la propuesta, al reiterar que su principal demanda es la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la cual transformó el sistema solidario de pensiones en uno basado en cuentas individuales.
El ofrecimiento del Gobierno surge en medio de una escalada de protestas del magisterio disidente, que mantiene bloqueos, toma de casetas y movilizaciones en la Ciudad de México y otras entidades, presionando por cambios estructurales en materia de seguridad social y condiciones laborales.
Además de la creación de la aseguradora, el Ejecutivo federal reiteró su intención de eliminar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) y avanzar en una reforma integral al sistema de pensiones, aunque sin comprometer recursos suficientes para revertir completamente la reforma de 2007.
Pese a estos planteamientos, las negociaciones entre ambas partes no han logrado acuerdos definitivos. La CNTE ha señalado que someterá la propuesta a consulta en sus bases, sin descartar la continuidad de las movilizaciones hasta obtener respuestas concretas a sus demandas centrales.
El conflicto ocurre en un contexto de alta presión política y social, a pocos días de eventos internacionales relevantes en el país, lo que ha intensificado la urgencia del Gobierno por alcanzar una solución con el magisterio disidente.


































