Un fuerte choque verbal se registró durante una sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que Marco Antonio Baños Martínez, representante de Somos México, cuestionara al representante de Morena, Guillermo Rodríguez, por la falta de claridad sobre el origen de los recursos utilizados en los procesos políticos adelantados del partido oficialista.
Baños exigió explicaciones sobre el financiamiento de las actividades que, a su juicio, se realizaron antes de los tiempos legales de campaña y advirtió que el INE debe investigar de dónde proviene el dinero utilizado para promover a figuras políticas rumbo a las elecciones de 2027.
La discusión subió de tono cuando el representante de Somos México lanzó una acusación directa contra Rodríguez: “Usted tiene la representación del crimen organizado”. La frase marcó uno de los momentos más tensos del intercambio y colocó el debate sobre el financiamiento partidista en el centro de la sesión.
La acusación fue formulada por Baños durante la confrontación; por sí sola, no constituye una resolución ni una prueba de vínculos del representante de Morena con organizaciones criminales.
El reclamo de Somos México se centra en la necesidad de que la autoridad electoral revise los recursos empleados en actos de promoción política anticipada y determine si existieron posibles irregularidades. Baños ha sostenido que la fiscalización no debe limitarse a revisar los informes ordinarios de precampaña y campaña, sino que también debe atender las actividades políticas que se desarrollaron antes de los periodos formales.
El tema tiene relevancia ante la preparación del proceso electoral de 2026-2027, en el que se renovarán cargos federales y locales. La discusión sobre el origen del dinero y las condiciones de competencia entre partidos se ha convertido en uno de los puntos de disputa entre las fuerzas políticas.
Somos México ha solicitado que el INE informe qué acciones emprenderá para revisar el financiamiento de estas actividades. El planteamiento busca que la autoridad determine, con base en sus atribuciones y en la evidencia disponible, si corresponde iniciar investigaciones o aplicar medidas conforme a la legislación electoral.
El intercambio deja sobre la mesa una exigencia concreta: que los partidos expliquen el origen y destino de los recursos utilizados en sus actividades políticas y que las posibles irregularidades sean examinadas por las vías institucionales. Mientras tanto, las acusaciones expresadas durante la sesión forman parte del debate político y deben distinguirse de los hechos que, en su caso, puedan acreditarse mediante una investigación.
