Una investigación federal sobre presunto huachicol fiscal ha puesto bajo la lupa una red de operaciones que habría utilizado infraestructura portuaria, compañías de transporte y documentación aduanera presuntamente irregular para el ingreso y distribución de millones de litros de combustible en territorio nacional.
En el centro de las indagatorias figura Roberto Blanco Cantú, señalado como uno de los presuntos operadores clave dentro de una estructura que habría articulado el traslado de hidrocarburos mediante importaciones simuladas y rutas marítimas utilizadas para evadir controles fiscales.
El esquema investigado no se limitaría al robo directo de combustible, sino a un modelo más sofisticado basado en la manipulación de registros de importación, clasificación de mercancías y documentación de embarques, lo que habría permitido el ingreso de cargamentos sin el pago correspondiente de impuestos ni la trazabilidad oficial.
Dentro de esta estructura se encuentra la empresa Mefra Fletes, vinculada a Blanco Cantú, la cual habría sido utilizada como parte de la red logística encargada del movimiento terrestre de hidrocarburos, bajo un esquema actualmente revisado por autoridades federales.
Las investigaciones también se apoyan en aseguramientos realizados en distintas regiones del norte del país, donde fueron localizados grandes volúmenes de diésel almacenados en instalaciones sin permisos legales, además de vehículos de carga relacionados con empresas bajo observación.
El caso forma parte de un fenómeno más amplio de contrabando de hidrocarburos que ha evolucionado hacia esquemas empresariales complejos, donde el uso de puertos, navieras y documentos alterados permite el ingreso de combustible sin controles efectivos.
En este contexto, Roberto Blanco Cantú es considerado objetivo de búsqueda por autoridades federales, mientras continúan las indagatorias sobre movimientos financieros, rutas marítimas y operaciones comerciales que habrían sostenido esta red de distribución ilegal.
