El bloqueo financiero alcanzaría a funcionarios y familiares señalados en una investigación derivada de presuntos vínculos con el crimen organizado

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría ordenado el congelamiento de cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de sus hijos y otros funcionarios y exfuncionarios presuntamente implicados en una investigación en curso con origen en señalamientos internacionales.

De acuerdo con versiones difundidas, la medida también alcanzaría al senador Enrique Inzunza y a otros nombres vinculados al entorno político y administrativo del estado, como parte de una revisión de movimientos financieros considerados inusuales o bajo sospecha.

El bloqueo de cuentas implicaría la inmovilización inmediata de activos financieros, lo que impide a los señalados realizar operaciones bancarias mientras se mantienen las indagatorias correspondientes.

Este tipo de acciones forma parte de las facultades de la UIF en materia de prevención de lavado de dinero, donde el congelamiento de cuentas se aplica como medida administrativa preventiva y no como una sanción definitiva.

En paralelo, el caso se inserta en un contexto de creciente presión internacional y señalamientos cruzados en torno a posibles redes de protección, corrupción y presuntos vínculos con actividades ilícitas en distintas regiones del país.

Hasta el momento, no se ha emitido una confirmación oficial detallada sobre el alcance total de los bloqueos ni sobre la situación jurídica individual de los implicados.