La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas, quien se desempeñó como secretario de Economía de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya.

La medida también alcanzó, de acuerdo con reportes publicados este lunes, a un socio de Velarde y a diversas empresas relacionadas con su red de negocios.

Velarde Cárdenas dejó la Secretaría de Economía de Sinaloa en noviembre de 2024, después de permanecer aproximadamente un año en el cargo. Antes y después de su paso por la administración estatal, mantuvo actividades empresariales principalmente relacionadas con los sectores restaurantero y turístico.

El bloqueo financiero ocurre en un contexto de investigaciones y señalamientos contra exfuncionarios de Sinaloa. En mayo pasado, la UIF también incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a Rubén Rocha Moya y a otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, como una medida de carácter preventivo relacionada con reportes del sistema financiero y señalamientos provenientes de Estados Unidos.

En el caso de Velarde, medios locales reportaron que el bloqueo incluye cuentas personales, las de su esposa, un socio y varias compañías en las que tendría participación. La medida afecta las operaciones financieras de las personas y empresas incorporadas a la lista mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes.

El exfuncionario ha impugnado ante tribunales federales la decisión de la UIF, por lo que el caso podría continuar en el ámbito judicial. La inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida administrativa y, por sí misma, no equivale a una sentencia penal ni acredita responsabilidad por algún delito.

El movimiento financiero se suma a la presión que enfrenta el entorno político del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, cuyo nombre ha aparecido en investigaciones y señalamientos relacionados con Sinaloa durante los últimos meses.

Hasta el momento, la información publicada sobre el bloqueo de Velarde no implica que exista una acusación penal definitiva en su contra; corresponde a las autoridades determinar el origen y alcance de las operaciones que motivaron la medida.