La administración de Donald Trump ordenó a bancos y entidades financieras de Estados Unidos reforzar la identificación de redes sospechosas de lavado de dinero vinculadas con Irán, en medio del endurecimiento de las tensiones geopolíticas y financieras entre ambos países.
La medida fue impulsada por el Departamento del Tesoro estadounidense y busca intensificar la vigilancia sobre movimientos financieros considerados de riesgo, particularmente aquellos relacionados con evasión de sanciones, financiamiento ilícito y operaciones internacionales sospechosas.
De acuerdo con reportes oficiales, las autoridades financieras estadounidenses pidieron a las instituciones bancarias aumentar controles internos, monitorear operaciones irregulares y reportar posibles esquemas ligados a redes iraníes que intenten mover recursos mediante terceros países o empresas fachada.
La ofensiva ocurre mientras Washington y Teherán atraviesan uno de sus momentos más tensos tras el estancamiento de negociaciones relacionadas con el conflicto regional y sanciones económicas.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), organismo dependiente del Departamento del Tesoro, mantiene actualmente vigilancia especial sobre operaciones internacionales que puedan representar riesgos para el sistema financiero estadounidense.
Especialistas financieros señalan que este tipo de medidas suelen generar presión global sobre bancos internacionales, ya que cualquier institución que opere con dólares o tenga vínculos con el sistema financiero estadounidense puede verse obligada a endurecer sus mecanismos antilavado para evitar sanciones o bloqueos.
La administración Trump ha mantenido una política agresiva contra estructuras financieras relacionadas con Irán, incluyendo restricciones a bancos extranjeros señalados por presuntamente facilitar operaciones comerciales o financieras con entidades sancionadas.
En los últimos meses, Washington también ha incrementado la presión sobre sistemas bancarios internacionales y redes financieras sospechosas de colaborar con organizaciones criminales o gobiernos considerados adversarios estratégicos.
Analistas consideran que la nueva orden podría impactar operaciones internacionales, transferencias y relaciones comerciales de instituciones financieras que mantengan vínculos indirectos con mercados bajo vigilancia estadounidense.
