Un tribunal federal ordenó la liberación inmediata de Jesús Alejandro Vera Jiménez, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), tras concluir que no existen elementos suficientes para sostener las acusaciones en su contra por delincuencia organizada dentro del caso conocido como la “Estafa Maestra”.
La resolución revoca el auto de vinculación a proceso que mantenía al exfuncionario en prisión desde noviembre de 2025, cuando fue detenido por su presunta participación en el desvío de recursos públicos federales.
De acuerdo con el fallo judicial, la Fiscalía General de la República (FGR) no logró acreditar la existencia de una estructura criminal ni probar de forma contundente la participación de Vera en delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El tribunal determinó que los convenios firmados entre la universidad y dependencias federales no son suficientes, por sí mismos, para configurar el delito de delincuencia organizada, lo que derivó en un amparo que ordena su liberación sin posibilidad de mantener el proceso en ese sentido.
Incluso, la resolución implica que la orden de libertad es de cumplimiento obligatorio, aunque su ejecución depende de trámites administrativos dentro del sistema penitenciario.
El caso en el que fue implicado forma parte de uno de los mayores escándalos de corrupción en México, donde se documentó un esquema de desvío de miles de millones de pesos mediante universidades públicas y empresas fantasma durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En el caso específico de Vera, se le vinculó con convenios relacionados con la llamada “Cruzada Contra el Hambre”, en los que se habría utilizado a la UAEM para triangular recursos públicos.
La liberación del exrector reaviva el debate sobre el avance real en los casos de corrupción de alto perfil en México, donde varios procesos han terminado en absoluciones o falta de pruebas suficientes.
El fallo también pone nuevamente bajo la lupa el trabajo de las autoridades encargadas de integrar las investigaciones, así como la dificultad de sostener acusaciones complejas relacionadas con redes de desvío de recursos públicos.
