Un tribunal federal falló en contra de la reserva de información relacionada con el software de espionaje Pegasus en México, al ordenar que se hagan públicos los contratos vinculados a su adquisición y uso por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La resolución, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, confirma una sentencia previa que obliga a las autoridades a entregar versiones públicas de estos documentos, luego de años de litigio impulsado por organizaciones civiles que denunciaron falta de transparencia.

El caso se remonta a investigaciones que evidenciaron la existencia de contratos firmados entre 2018 y 2019 para la operación del sistema Pegasus, un software desarrollado para vigilancia digital. Durante ese proceso, la Sedena negó inicialmente la existencia de dichos acuerdos y posteriormente argumentó que no podía hacer versiones públicas por tratarse de información clasificada.

Sin embargo, el tribunal desestimó esos argumentos y determinó que la información relacionada con recursos públicos debe transparentarse, incluso si ciertos elementos requieren protección parcial, lo que marca un precedente en materia de acceso a la información y rendición de cuentas.

Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) han señalado que este fallo representa una “deuda histórica” en el acceso a la verdad sobre el uso de tecnologías de vigilancia en el país, particularmente tras denuncias de espionaje contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.

El caso Pegasus ha sido uno de los más controvertidos en México en materia de privacidad, ya que investigaciones previas documentaron el posible uso del software para intervenir comunicaciones sin controles claros, lo que generó cuestionamientos sobre el uso de herramientas de inteligencia por parte del Estado.

Aunque la decisión judicial obliga a transparentar los contratos, el cumplimiento efectivo de la sentencia será clave para conocer el alcance real de estas operaciones y determinar posibles responsabilidades.

El fallo reabre el debate sobre los límites del espionaje gubernamental, la supervisión de las fuerzas armadas y la necesidad de garantizar mecanismos efectivos de control sobre tecnologías de vigilancia.