Washington, Estados Unidos; 4 de agosto de 2026.- Un grupo de 25 estados de Estados Unidos presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump por la nueva ronda de aranceles globales aplicados a importaciones provenientes de decenas de países, al considerar que la medida excede las facultades del Ejecutivo y afecta la economía de los gobiernos estatales.
La acción legal fue interpuesta ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos y busca frenar los nuevos impuestos a productos importados, que contemplan tarifas de entre 10 y 12.5 por ciento para mercancías provenientes de alrededor de 60 países y economías, incluida la Unión Europea.
Los estados demandantes argumentan que el gobierno federal utilizó de manera indebida sus facultades para imponer aranceles amplios y señalan que estas medidas podrían generar un aumento en costos para consumidores, empresas y administraciones públicas que dependen de bienes importados.
La administración de Trump ha defendido los aranceles bajo el argumento de proteger la economía estadounidense y combatir prácticas comerciales consideradas injustas, entre ellas el uso de cadenas de suministro vinculadas al trabajo forzoso. Para justificar la medida, el gobierno recurrió a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
Sin embargo, los estados que promovieron la demanda sostienen que la Casa Blanca está utilizando argumentos comerciales para aplicar una política que, desde su perspectiva, representa una expansión indebida del poder presidencial en materia económica.
El conflicto ocurre después de que tribunales estadounidenses ya habían cuestionado medidas arancelarias anteriores impulsadas por Trump, lo que abrió un nuevo frente legal entre la administración federal y gobiernos estatales opositores.
Entre los estados que participan en la demanda se encuentran entidades gobernadas principalmente por demócratas, encabezadas por Nueva York y California, cuyos fiscales generales han cuestionado la legalidad de los nuevos impuestos a las importaciones.
El caso podría convertirse en una nueva batalla judicial sobre los límites del poder presidencial en materia comercial y sus efectos podrían impactar la política económica de Estados Unidos, así como la relación comercial con sus principales socios internacionales.
