Un tribunal de Estados Unidos ordenó a la familia Weinberg pagar 578 millones de dólares al Gobierno de México como parte del proceso civil relacionado con la red de corrupción y desvío de recursos vinculada al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
La resolución fue emitida por una corte en Florida, donde autoridades mexicanas mantienen una demanda civil para recuperar recursos presuntamente obtenidos mediante contratos irregulares y operaciones financieras ligadas al exfuncionario federal.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la familia Weinberg habría participado en un esquema de empresas y contratos utilizados para triangular dinero público durante la gestión de García Luna en el sexenio de Felipe Calderón.
El fallo judicial establece que los demandados deberán cubrir 578 millones de dólares como compensación al Estado mexicano por daños derivados de actos de corrupción y lavado de dinero investigados en Estados Unidos.
Según las investigaciones, empresas vinculadas con la familia Weinberg habrían obtenido contratos millonarios para sistemas de seguridad, tecnología y vigilancia durante el periodo en que García Luna encabezó la Secretaría de Seguridad Pública federal.
La UIF sostiene que parte de esos recursos fueron transferidos posteriormente a cuentas y propiedades en Estados Unidos mediante operaciones financieras presuntamente ilícitas.
El Gobierno de México calificó la resolución como un avance importante en el proceso de recuperación de activos relacionados con corrupción de alto nivel y aseguró que continuará impulsando acciones legales en tribunales internacionales.
Genaro García Luna fue condenado en 2025 en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada, tras ser declarado culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa mientras ocupaba cargos de seguridad pública en México.
El caso se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción y narcotráfico relacionados con exfuncionarios mexicanos en las últimas décadas, debido a los alcances políticos y financieros de la investigación.
Autoridades mexicanas señalaron que la sentencia contra la familia Weinberg podría abrir nuevas rutas para recuperar recursos públicos desviados y fortalecer otros procesos judiciales vinculados con la red financiera del exsecretario de Seguridad.
