La posible negativa del Gobierno de México a extraditar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podría escalar a un conflicto diplomático con Estados Unidos y poner en riesgo la estabilidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), advierten especialistas en seguridad y comercio internacional.
Analistas señalan que el caso no solo tiene implicaciones judiciales, sino también económicas, debido a que la cooperación en materia de seguridad es un componente clave en la relación bilateral entre ambos países.
De acuerdo con expertos, condicionar o retrasar el proceso de extradición —bajo el argumento de falta de pruebas— podría interpretarse en Washington como falta de colaboración, lo que abriría la puerta a presiones políticas, comerciales e incluso sanciones indirectas.
El director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, advirtió que un respaldo absoluto al mandatario sinaloense podría tener consecuencias directas en la relación comercial con Estados Unidos y afectar la negociación del T-MEC.
En el mismo sentido, especialistas alertan que el tratado ya no se limita al comercio, sino que incorpora temas de seguridad, combate a la corrupción y confianza institucional, por lo que casos como el de Rocha Moya pueden influir en futuras revisiones del acuerdo.
Incluso, se ha planteado que una negativa a colaborar plenamente en el proceso de extradición podría derivar en revisiones más estrictas del tratado, afectando inversiones, exportaciones y la certidumbre económica en México.
Expertos también advierten que el impacto no sería inmediato en la cancelación del acuerdo, pero sí podría traducirse en una relación más tensa, revisiones constantes y posibles repercusiones económicas en el mediano plazo.
El caso ha elevado la presión sobre el gobierno mexicano, que deberá equilibrar el cumplimiento de sus compromisos internacionales con las implicaciones políticas internas, en un momento clave para la relación con su principal socio comercial.
