Miller sostuvo que el problema no es aislado, sino estructural, al señalar que los grupos criminales ejercen control territorial mediante violencia, extorsión y corrupción.
Afirmó que esta situación impide que instituciones clave operen con normalidad, debilitando tanto el sistema judicial como el político.
Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. Desde Washington, diversos funcionarios han endurecido su postura frente al narcotráfico, incluso planteando medidas más agresivas contra los cárteles.
Miller advirtió que el problema no solo afecta a México, sino que también representa una amenaza directa para Estados Unidos, particularmente por el tráfico de drogas y su impacto en la crisis de salud pública.
Los señalamientos reavivan el debate sobre la soberanía mexicana y el papel de Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado.
Mientras sectores estadounidenses impulsan una estrategia más dura, autoridades mexicanas han rechazado este tipo de afirmaciones en el pasado, calificándolas como exageradas o con fines políticos.
El tema continúa siendo uno de los puntos más sensibles en la relación bilateral, especialmente en el marco de la cooperación en seguridad.
