Durante los primeros cuatro meses de 2026, el estado de Sonora acumuló 285 reportes por abuso sexual a través del número de emergencias 911, una cifra que lo coloca entre las entidades con mayor incidencia a nivel nacional y que ha encendido alertas entre especialistas y organizaciones civiles.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), estos reportes representan el 10.2% del total nacional, que en el mismo periodo sumó 2 mil 796 llamadas relacionadas con este delito.

Sin embargo, expertos advierten que estas cifras no reflejan la magnitud real del problema, ya que existe un importante subregistro derivado de la falta de denuncias formales. Factores como el miedo, la presión familiar y la desconfianza hacia las autoridades impiden que muchas víctimas acudan a instancias oficiales.

El fenómeno no es nuevo en la entidad. Datos de investigaciones y reportes locales indican que en Sonora se registran en promedio cerca de 600 denuncias anuales por delitos sexuales contra menores, lo que evidencia la persistencia de esta problemática en distintos contextos sociales.

Además, especialistas coinciden en que gran parte de los casos ocurre dentro del entorno cercano de la víctima, lo que dificulta aún más la denuncia y la atención oportuna. Este patrón, identificado en diversos estudios, revela que la violencia sexual suele mantenerse oculta en espacios familiares o de confianza.

Las llamadas al 911, aunque no equivalen a denuncias penales, permiten identificar tendencias y dimensionar parcialmente la problemática. Autoridades y organizaciones subrayan la importancia de estos registros como un indicador de emergencia social, pero insisten en que se requiere fortalecer los mecanismos de denuncia, atención a víctimas y prevención.

En el contexto nacional, la violencia sexual continúa siendo uno de los delitos con mayor nivel de subregistro, lo que complica su combate y visibilización. En Sonora, el reto se agrava por el entorno de violencia generalizada que ha impactado a distintos sectores de la población en los últimos años.

Ante este panorama, especialistas llaman a reforzar las políticas públicas, garantizar el acceso a la justicia y promover la denuncia segura, con el objetivo de reducir la impunidad y atender de manera integral a las víctimas.

La cifra de 285 reportes en apenas cuatro meses no solo refleja la incidencia del delito, sino también la urgencia de atender una problemática que, en muchos casos, permanece invisible.