La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la instancia facultada para revisar los recursos y contratos del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de los señalamientos contra Guadalupe Taddei y la difusión de nuevas grabaciones por parte de Latinus.

Durante su conferencia matutina de este martes 3 de noviembre, la mandataria explicó que, debido a la autonomía constitucional del INE, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no puede realizar directamente las auditorías al organismo electoral.

“El único que puede auditar al INE es la Auditoría Superior de la Federación”, sostuvo.

Sheinbaum indicó que, si durante las revisiones se encuentran elementos que apunten a posibles delitos, los resultados deberán remitirse a la Fiscalía General de la República (FGR) para que realice las investigaciones correspondientes. En caso de detectar faltas administrativas, deberán intervenir las autoridades competentes.

Auditorías también abarcarán administraciones anteriores

La presidenta señaló que las revisiones de la ASF contemplan inicialmente el periodo de 2023 a la fecha, pero deberán extenderse a ejercicios anteriores para conocer desde cuándo determinados proveedores mantienen contratos con el sistema electoral.

Sheinbaum también cuestionó que un grupo reducido de empresas haya concentrado durante años la fabricación y distribución de materiales electorales. Consideró que deben revisarse los mecanismos mediante los cuales obtuvieron esos contratos, incluidos los correspondientes a la administración de Lorenzo Córdova, quien encabezó el INE entre 2014 y 2023.

La mandataria insistió en que primero deben realizarse las auditorías y determinarse si existen irregularidades antes de establecer responsabilidades. También aclaró que una denuncia ante la Fiscalía debe ser investigada por esa institución.

Las declaraciones ocurren después de que Latinus difundiera nuevas imágenes y videos en los que aparece Guadalupe Taddei, entonces consejera presidenta del INE, junto al empresario José Alfredo Hernández Casillas.

En uno de los materiales, el contratista habla de porcentajes y posibles ganancias relacionadas con contratos para la producción de credenciales para votar, servicios de autenticación y códigos QR. Durante la conversación menciona cantidades millonarias y realiza cálculos sobre el presunto reparto de recursos.

Las grabaciones han generado nuevos cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y contrataciones dentro del organismo electoral. Sin embargo, los señalamientos difundidos deben ser revisados por las autoridades y no constituyen por sí mismos una resolución que acredite responsabilidades.