La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias, al asegurar que buscan garantizar información veraz y proteger a la ciudadanía frente a contenidos engañosos en radio y televisión.

Desde el gobierno federal, se sostiene que estas medidas pretenden mejorar la calidad de la información y fortalecer la responsabilidad de los medios, negando que exista cualquier intención de censura.

Sin embargo, el debate no gira únicamente en torno a la regulación, sino a una pregunta de fondo que inquieta a especialistas y sectores de la oposición: ¿quién definirá qué es verdad y qué no?

Los lineamientos plantean mecanismos para evaluar contenidos y atender quejas, lo que abre la puerta a interpretaciones sobre qué información puede considerarse correcta, falsa o sesgada.

Para críticos, este es el punto más delicado, ya que la línea entre combatir la desinformación y controlar el discurso público puede volverse muy delgada.

En un país con alta polarización política, otorgar a instituciones —o indirectamente al poder— la capacidad de influir en la validación de contenidos genera dudas sobre posibles usos discrecionales.

La preocupación no es solo teórica: experiencias previas han demostrado que herramientas regulatorias pueden utilizarse de forma selectiva, afectando especialmente a voces críticas.

El objetivo de proteger a las audiencias es legítimo, pero el verdadero riesgo radica en quién tiene la autoridad para determinar lo que es “verdadero”.

Cuando el Estado participa en esa definición, incluso bajo marcos regulatorios, se abre un terreno complejo donde la información puede verse condicionada.

El problema no es establecer reglas, sino concentrar la facultad de decidir sobre la verdad en un entorno político.

El respaldo presidencial confirma que la propuesta avanzará, pero también garantiza que el debate continuará.

Porque más allá de los lineamientos, la pregunta seguirá vigente:
¿se trata de proteger a las audiencias… o de definir lo que deben creer?