La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que exista un uso político de la justicia en el caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, tras las acusaciones realizadas por integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), y aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con pruebas suficientes dentro de la investigación por presunto huachicol fiscal.

Durante su posicionamiento, la mandataria calificó como “absolutamente falso” que su gobierno esté utilizando las instituciones judiciales con fines políticos, y sostuvo que el caso corresponde exclusivamente a las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia. En ese sentido, reiteró que el Ejecutivo federal no interviene en las decisiones de la Fiscalía ni del Poder Judicial.

Sheinbaum subrayó que la investigación contra Ruffo se ha construido a partir de múltiples elementos probatorios, resultado de una indagatoria prolongada sobre redes de contrabando de combustible que operan mediante esquemas ilegales de importación y evasión de impuestos.

El caso se enmarca en el combate al llamado “huachicol fiscal”, una práctica que implica la introducción irregular de hidrocarburos al país mediante documentación falsa y triangulación de empresas, generando pérdidas millonarias para el erario. De acuerdo con reportes periodísticos y líneas de investigación federales, estas redes han operado a gran escala y con estructuras complejas.

La presidenta también señaló que este tipo de investigaciones no se limitan a una sola persona, sino que forman parte de una estrategia más amplia para desarticular organizaciones dedicadas al contrabando de combustibles.

El proceso ha generado tensiones políticas, particularmente con el PAN, cuyos dirigentes han acusado una supuesta persecución contra el exgobernador. Sin embargo, el gobierno federal sostiene que el caso debe resolverse en el ámbito judicial, con base en las pruebas presentadas por la FGR.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta y no se descarta que surjan más implicados conforme avancen las diligencias, en uno de los casos más relevantes recientes en materia de combate a delitos fiscales y energéticos en el país.