La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió que se investiguen las recientes acusaciones sobre presuntos desvíos de recursos en el Gobierno de Nuevo León, señalados en investigaciones periodísticas que involucran al gobernador Samuel García y a su entorno cercano.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal subrayó que cualquier señalamiento que involucre recursos públicos debe ser revisado por las autoridades competentes, sin importar el cargo o filiación política de los funcionarios involucrados.

“Vi lo que salió en los medios, si se tiene que investigar, que se investigue”, expresó Sheinbaum al ser cuestionada sobre el tema, de acuerdo con reportes de prensa nacional.

Las acusaciones derivan de investigaciones difundidas por distintos medios que apuntan a una presunta red de triangulación de recursos entre proveedores del Gobierno de Nuevo León, empresas privadas e incluso un despacho jurídico vinculado al mandatario estatal y a su familia.

Según lo publicado, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una indagatoria sobre movimientos financieros que habrían implicado transferencias millonarias a través de empresas intermediarias y estructuras corporativas en México y el extranjero.

De acuerdo con estos reportes, una de las líneas de investigación busca determinar si recursos de origen público habrían sido canalizados hacia firmas privadas relacionadas con el entorno del gobernador, incluyendo operaciones que involucran empresas proveedoras del estado y despachos legales.

En paralelo, el propio Samuel García ha rechazado las acusaciones, asegurando que no existen desvíos de recursos públicos ni financiamiento irregular a su despacho o actividades personales. El mandatario ha calificado los señalamientos como versiones sin sustento y reiteró que su administración ha actuado con transparencia.

El caso ha escalado en el plano político nacional, ya que distintas voces legislativas han exigido mayor claridad sobre el origen y destino de los recursos bajo revisión, mientras la FGR continúa con las diligencias para determinar si existen elementos de responsabilidad penal o administrativa.

Hasta el momento, no se han anunciado imputaciones formales ni órdenes de aprehensión relacionadas con estas investigaciones.