La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya investiga las denuncias por presuntos abusos policiales contra manifestantes detenidos durante la protesta por la calidad del agua en Guadalajara, Jalisco. La Secretaría de Gobernación también da seguimiento al caso, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

La movilización ocurrió el domingo 11 de octubre, cuando habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara salieron a las calles para exigir soluciones a los problemas relacionados con el suministro de agua. La protesta terminó con un operativo policial frente a Casa Jalisco, donde se reportaron enfrentamientos, uso de chorros de agua y gases lacrimógenos, así como detenciones de participantes.

Tras conocerse denuncias de presuntas agresiones físicas, malos tratos y tortura durante las detenciones, Sheinbaum pidió una investigación profunda y solicitó que se entreviste a las personas afectadas para reconstruir cómo ocurrieron los hechos e identificar quién dio las órdenes del operativo.

La mandataria también indicó que pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, un informe sobre lo sucedido. La dependencia federal revisa las detenciones y las denuncias en coordinación con la CNDH, con seguimiento individual de los casos para conocer las circunstancias en que ocurrieron los arrestos.

La CNDH informó que ejerció su facultad de atracción para investigar los hechos del 11 de octubre. El organismo busca esclarecer las presuntas acciones de represión atribuidas a elementos de seguridad estatales y revisar posibles violaciones a los derechos humanos de quienes participaron en la manifestación.

Como parte de su intervención, la comisión nacional desplegó personal en Jalisco para atender directamente a las personas afectadas y coordinar acciones con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. También llamó a las autoridades estatales a investigar las detenciones y las presuntas agresiones, esclarecer lo ocurrido y sancionar a quienes resulten responsables, si así lo determinan las investigaciones.

El caso también ha generado actuaciones a nivel estatal. El gobernador Pablo Lemus reconoció excesos en el uso de la fuerza y detenciones injustificadas durante el operativo, mientras autoridades de Jalisco anunciaron investigaciones sobre la actuación de elementos involucrados.

Las denuncias incluyen señalamientos de golpes, malos tratos e incomunicación de algunas personas detenidas. Organizaciones y familiares han pedido que se esclarezcan las circunstancias de los arrestos y se garantice la integridad de quienes participaron en la protesta. Estos señalamientos deberán ser documentados por las autoridades competentes.

Sheinbaum sostuvo que no debe permitirse la tortura ni la represión por parte de las fuerzas de seguridad y pidió que el caso no quede impune. La investigación deberá establecer cómo se desarrolló el operativo, si hubo violaciones a los derechos humanos y qué responsabilidades corresponden a los servidores públicos involucrados.

Mientras avanzan las diligencias, la intervención de la CNDH y el acompañamiento de Gobernación mantienen el caso bajo revisión federal, en busca de esclarecer los hechos ocurridos durante la protesta por el agua en Guadalajara.