La presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista un acuerdo político con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos, en torno al caso del exfiscal estatal César Jáuregui, detenido por las investigaciones relacionadas con la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra un presunto laboratorio de drogas en la Sierra Tarahumara.

La postura de la mandataria se produce en medio de la controversia por el operativo realizado en abril en la comunidad de El Pinal, donde murieron dos agentes estadounidenses identificados en reportes como integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), además de dos funcionarios de Chihuahua, en un accidente carretero posterior a la intervención.

Sheinbaum sostuvo que, hasta donde tiene conocimiento, las investigaciones no cuentan con pruebas que vinculen directamente a la gobernadora con la decisión de realizar el operativo. La presidenta señaló que las indagatorias apuntan al entonces fiscal como responsable de permitir la participación de personal extranjero en acciones de seguridad dentro del territorio nacional.

La mandataria también ha cuestionado la legalidad de la intervención de los agentes estadounidenses y la logística del despliegue, al señalar que la colaboración con autoridades de otros países debe realizarse mediante los mecanismos institucionales y conforme a la legislación mexicana.

El caso derivó en investigaciones tanto estatales como federales. A nivel local, Jáuregui enfrenta imputaciones por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de sus funciones públicas, mientras que la Fiscalía General de la República lo acusa de presunta traición a la patria por la participación no autorizada de agentes extranjeros en el operativo. Las acusaciones deberán resolverse en el proceso judicial correspondiente.

Por su parte, Maru Campos afirmó que su administración colaborará con las autoridades federales y defendió que la cooperación internacional en materia de seguridad debe apegarse a la ley. La gobernadora también sostuvo que nadie que haya formado parte de su gobierno está por encima de la justicia.

La detención de Jáuregui ha generado tensiones políticas en Chihuahua, debido a la cercanía que el exfiscal mantenía con la mandataria estatal. Mientras la oposición y distintos actores políticos debaten las responsabilidades por el operativo, el gobierno federal insiste en que la investigación debe esclarecer quién autorizó la participación de los agentes extranjeros y bajo qué condiciones se llevó a cabo.

Sheinbaum ha rechazado que el caso deba interpretarse como un acuerdo o una negociación política con la gobernadora panista. Su postura es que las responsabilidades deben establecerse a partir de las investigaciones y de las pruebas disponibles, sin que las diferencias partidistas determinen el curso de la justicia.

La controversia mantiene en el centro del debate la soberanía nacional, los límites de la cooperación con agencias extranjeras y la responsabilidad de los funcionarios mexicanos en operaciones de seguridad. Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones y no se ha establecido judicialmente la responsabilidad definitiva de todos los involucrados.