El Gobierno de México exigió reciprocidad a Estados Unidos en materia de extradiciones, luego de revelar que autoridades mexicanas han presentado 269 solicitudes de entrega de personas requeridas por la justicia nacional desde 2018 y ninguna ha sido concedida por Washington.
Durante la conferencia matutina, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Pedro Velasco, informó que del total de solicitudes enviadas a Estados Unidos, 36 fueron rechazadas definitivamente y 233 continúan pendientes de resolución.
Según datos oficiales presentados por la Cancillería, entre los casos pendientes existen 183 solicitudes formales de extradición y 50 peticiones de detención provisional, de las cuales en 47 Estados Unidos pidió información adicional antes de avanzar con los procedimientos.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que México únicamente está aplicando el mismo criterio legal que históricamente ha utilizado Estados Unidos cuando considera insuficientes las pruebas enviadas por autoridades mexicanas.
“Las mismas reglas para todos”, expresó la mandataria al defender la postura del Gobierno mexicano respecto a recientes solicitudes estadounidenses relacionadas con funcionarios de Sinaloa investigados por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Sheinbaum cuestionó además por qué Washington no ha concedido ninguna de las extradiciones solicitadas por México en los últimos ocho años, pese a que entre los requeridos existen presuntos integrantes del crimen organizado, exfuncionarios y personas relacionadas con casos como Ayotzinapa y huachicol.
La polémica surgió tras las críticas de sectores políticos y mediáticos por la negativa de México a ejecutar de inmediato solicitudes de detención provisional promovidas por Estados Unidos contra personajes ligados al caso Sinaloa. El Gobierno federal argumentó que las peticiones requieren mayor sustento jurídico y pruebas adicionales, tal como ocurre en procesos bilaterales previos.
Autoridades mexicanas insistieron en que el tratado bilateral de extradición permite solicitar información complementaria durante cualquier etapa del procedimiento y rechazaron que la postura mexicana represente protección política o falta de cooperación.
El tema ha elevado la tensión diplomática entre ambos países en medio de investigaciones estadounidenses contra exfuncionarios sinaloenses y del debate sobre soberanía, cooperación judicial y combate al crimen organizado.
