La presidenta Claudia Sheinbaum optó por no profundizar en las declaraciones de una jueza federal de Nueva York sobre el caso del exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y dejó en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) cualquier valoración al respecto.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre los señalamientos de la jueza Katherine Polk Failla, quien afirmó que existen pruebas “abundantes” contra los implicados en investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Ante ello, Sheinbaum respondió de manera breve y sin entrar en confrontación: indicó que será la FGR la instancia encargada de analizar la información proveniente de autoridades estadounidenses.

Un caso con implicaciones internacionales

El pronunciamiento ocurre luego de la primera audiencia en Estados Unidos de Mérida Sánchez, exfuncionario de seguridad en Sinaloa, quien enfrenta acusaciones por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”.

Durante la audiencia, la jueza estadounidense subrayó que las pruebas presentadas por la fiscalía son sólidas y que los casos relacionados continúan llegando a tribunales federales, lo que ha incrementado la atención mediática y política en México.

Este proceso forma parte de una investigación más amplia que involucra a al menos 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos señalados por posibles nexos con el narcotráfico.

La decisión de Sheinbaum de no pronunciarse directamente sobre el fondo del caso refleja una estrategia de cautela ante un tema que también tiene implicaciones diplomáticas.

En semanas recientes, el gobierno federal ha insistido en que corresponde a las instituciones mexicanas determinar la validez de las acusaciones y ha pedido respeto a la soberanía nacional frente a procesos judiciales en el extranjero.

Además, la FGR ya ha iniciado diligencias en México, incluyendo la comparecencia de algunos de los señalados como testigos, en un intento por esclarecer si existen elementos para proceder en territorio nacional.

El caso ha generado presión política tanto dentro como fuera del país, al involucrar a figuras públicas y abrir el debate sobre la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia.

Mientras en Estados Unidos el proceso judicial avanza, en México el tema continúa escalando en el ámbito político, con llamados a investigar a fondo los señalamientos, pero también con advertencias sobre posibles actos de injerencia extranjera.

El desarrollo del caso y las decisiones de la FGR serán clave para definir el rumbo de este asunto, que se perfila como uno de los más sensibles en la agenda bilateral entre México y Estados Unidos.