La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó públicamente la actuación del fiscal de Chihuahua tras detectar inconsistencias en su versión sobre el caso del accidente donde murieron dos funcionarios estadounidenses y dos mexicanos, ocurrido en la sierra del estado.

Durante su conferencia, la mandataria señaló que el fiscal estatal modificó su declaración inicial respecto a la presencia y actividades de los agentes de Estados Unidos en territorio mexicano, lo que encendió alertas sobre la transparencia del caso y el posible alcance de la colaboración bilateral en materia de seguridad.

El accidente ocurrió cuando el vehículo en el que viajaban los cuatro funcionarios —dos vinculados a la Embajada de Estados Unidos y dos integrantes de la Fiscalía estatal— se desbarrancó en una zona serrana, luego de participar en actividades relacionadas con un operativo contra un narcolaboratorio.

Inicialmente, autoridades de Chihuahua aseguraron que los agentes estadounidenses no participaron directamente en el operativo, sino que se encontraban en el estado impartiendo capacitación, particularmente en el uso de drones.

Sin embargo, información posterior y reportes periodísticos apuntaron a que los funcionarios sí habrían tenido algún nivel de involucramiento indirecto en labores vinculadas al combate al narcotráfico, lo que contradice la versión inicial y abrió dudas sobre su papel real.

Ante este escenario, Sheinbaum fue clara: existe una investigación en curso para determinar qué hacían exactamente los agentes en el país y si su presencia o participación pudo haber violado la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional, que regula la intervención de autoridades extranjeras en México.

La presidenta subrayó que el cambio en la narrativa por parte del fiscal estatal es un elemento clave que debe aclararse, ya que inicialmente se negó cualquier participación operativa de los estadounidenses, mientras que posteriormente se reconoció una posible coordinación.

Además, insistió en que el Gobierno federal no tenía conocimiento previo de la presencia de estos agentes en actividades relacionadas con seguridad en Chihuahua, lo que agrava el caso al tratarse de un tema sensible en la relación bilateral.

El caso ha reavivado el debate sobre los límites de la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, especialmente en un contexto donde el combate al narcotráfico implica intercambio de inteligencia, capacitación y, en algunos casos, presencia de personal extranjero.

Mientras autoridades estatales sostienen que se trataba de actividades de apoyo técnico, la federación busca esclarecer si existió una operación conjunta no autorizada, lo que podría derivar en sanciones.

La investigación continúa abierta, en medio de presiones políticas y cuestionamientos sobre la coordinación entre distintos niveles de gobierno en operativos contra el crimen organizado.