La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que sostendrá una reunión con empresarios gasolineros para revisar los precios de los combustibles, en medio del impacto global provocado por el conflicto en Irán y su efecto en los mercados energéticos.
La mandataria explicó que el aumento del precio del petróleo —que ha superado los 100 dólares por barril debido a las tensiones en Medio Oriente y afectaciones en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz— está presionando los costos de gasolina, diésel y productos básicos en México.
Sheinbaum advirtió que su administración no permitirá incrementos injustificados por parte de las estaciones de servicio, especialmente considerando que el gobierno mantiene subsidios para contener los precios al consumidor.
Actualmente, gracias a estos apoyos —principalmente mediante la reducción del IEPS— la gasolina regular se mantiene alrededor de los 24 pesos por litro y el diésel cerca de los 28 pesos. Sin estas medidas, los precios podrían superar los 30 pesos por litro.
En este contexto, la presidenta fue enfática: “nadie se debe aprovechar” de la situación internacional, al tiempo que anunció que se revisarán posibles abusos en el sector gasolinero.
El encuentro con gasolineros forma parte de una estrategia más amplia para contener la inflación, que también incluye reuniones con productores y comercializadores dentro del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).
Además de los combustibles, el gobierno ha identificado aumentos en productos de la canasta básica como jitomate, carne y frutas, cuyos precios también se han visto impactados por factores internacionales y posibles prácticas especulativas.
El conflicto en Irán ha generado volatilidad en los mercados energéticos a nivel mundial, elevando los precios del crudo y afectando economías como la mexicana.
De acuerdo con reportes recientes, esta situación ya impacta la inflación nacional, que se ubica por encima del 4%, impulsada en parte por el encarecimiento de energéticos y alimentos.
Ante este escenario, el gobierno federal busca reforzar acuerdos con el sector privado para evitar un “gasolinazo” y proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas.


































