La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la entrega voluntaria a autoridades estadounidenses de los exfuncionarios sinaloenses Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega fue una decisión tomada por ellos mismos, y aseguró que no representa un riesgo político para su gobierno ni para Morena.
Durante declaraciones ante medios, la mandataria federal sostuvo que no ve preocupación en torno a las posibles declaraciones que ambos exfuncionarios puedan realizar ante autoridades de Estados Unidos, luego de ser señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, forman parte del grupo de exfuncionarios cercanos al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya que fueron acusados por fiscales estadounidenses de presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
Sheinbaum insistió en que el gobierno federal no protegerá a ninguna persona involucrada en actividades ilícitas, aunque reiteró que las acusaciones impulsadas desde Estados Unidos deben estar sustentadas con pruebas sólidas y seguir los mecanismos legales y diplomáticos correspondientes.
La presidenta también rechazó versiones sobre un posible impacto político para Morena derivado de las investigaciones y entregas de exfuncionarios sinaloenses a la justicia estadounidense, subrayando que su administración mantiene cooperación con Washington en materia de seguridad, pero sin comprometer la soberanía nacional.
El caso ha generado tensión política en México luego de que autoridades estadounidenses revelaran acusaciones contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y protección a integrantes de Los Chapitos.
En días recientes, Sheinbaum también confirmó el congelamiento preventivo de cuentas bancarias relacionadas con algunos de los implicados, incluyendo al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, como parte de mecanismos financieros derivados de alertas internacionales.
La controversia ocurre en medio de un escenario de creciente presión diplomática y judicial entre México y Estados Unidos por investigaciones relacionadas con presuntos vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales en Sinaloa.
