La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la deuda derivada del rescate bancario de la década de 1990, conocido como Fobaproa y posteriormente administrado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), representa una obligación que México continuará pagando durante muchos años.

Durante una gira por el país con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria sostuvo que el esquema de pago de esta deuda hace que sea muy difícil llegar a una liquidación definitiva, debido a que una parte importante de los recursos destinados actualmente se utiliza para cubrir intereses.

“Es impagable, nunca se va a acabar de pagar”, señaló Sheinbaum al referirse a la deuda del rescate bancario.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda citados por La Jornada, los pasivos del IPAB ascendían a 1 billón 165 mil 351 millones de pesos a julio de 2026. Estos compromisos son consecuencia del proceso mediante el cual obligaciones del rescate bancario fueron convertidas en deuda pública.

La presidenta recordó que el rescate ocurrió durante la crisis económica de 1994-1995 y cuestionó que el costo de las obligaciones derivadas de ese proceso continúe siendo absorbido por las finanzas públicas.

Según lo explicado por Sheinbaum, cada dos años se destinan alrededor de 50 mil millones de pesos del presupuesto público para atender compromisos relacionados con esta deuda, aunque el monto destinado no significa que el capital se reduzca al mismo ritmo.

El Fobaproa fue creado originalmente como un mecanismo de protección al ahorro bancario, pero durante la crisis financiera de los años noventa asumió obligaciones de instituciones bancarias que enfrentaban problemas de solvencia.

Posteriormente, en 1998, el Congreso aprobó la creación del IPAB y las obligaciones del rescate fueron trasladadas a este nuevo esquema de protección al ahorro.

La discusión sobre el costo del Fobaproa continúa siendo uno de los temas económicos y políticos más controvertidos de las últimas décadas, debido a que el rescate permitió evitar una crisis mayor del sistema financiero, pero también convirtió parte de las obligaciones privadas en deuda pública.

Sheinbaum ha utilizado nuevamente el tema para cuestionar las políticas económicas aplicadas durante los gobiernos anteriores y contrastarlas con la orientación económica de su administración.

La mandataria también ha señalado que su gobierno continuará cumpliendo con las obligaciones financieras establecidas, aunque considera que el esquema representa una carga de largo plazo para las finanzas públicas.

La discusión ocurre mientras el Gobierno federal mantiene entre sus prioridades la reducción de la deuda pública y el fortalecimiento de las finanzas nacionales, al mismo tiempo que continúan los pagos relacionados con el rescate bancario de hace más de tres décadas.