La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este jueves que el Gobierno de Estados Unidos no ha entregado a México pruebas que acrediten los presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa de las personas y empresas sancionadas recientemente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó una revisión de la información disponible en México después de las sanciones anunciadas por Estados Unidos y detectó irregularidades en algunos de los casos, pero no elementos que permitan establecer una relación con organizaciones criminales.

Sheinbaum señaló que la información que sustenta los señalamientos de Washington no ha sido compartida con las autoridades mexicanas.

La OFAC sancionó el pasado 29 de septiembre a 21 personas y 25 empresas a las que señaló como integrantes, líderes o facilitadores de una red vinculada con el Cártel de Sinaloa. Entre los nombres incluidos se encuentran Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, y Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

Tras la designación estadounidense, la UIF incorporó a los 46 sujetos señalados a la Lista de Personas Bloqueadas, después de analizar la información financiera disponible en México. Hacienda informó que en algunos casos fueron detectadas operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras.

Sin embargo, la dependencia aclaró que el bloqueo tiene carácter preventivo y administrativo, por lo que no representa por sí mismo una determinación definitiva ni acredita responsabilidad alguna de las personas o empresas incluidas.

Sheinbaum sostuvo que existe una diferencia entre encontrar irregularidades financieras y acreditar que una persona o empresa tiene vínculos con un grupo delictivo.

El caso también involucra a empresas que prestaron servicios a instituciones de seguridad de Baja California. Una de ellas, Inteliproof Efficient, fue sancionada por OFAC y había proporcionado servicios relacionados con seguridad e inteligencia a dependencias estatales. La presidenta afirmó que, hasta ahora, el Gabinete de Seguridad no ha detectado evidencia de que esa compañía haya comprometido información sensible de las instituciones.

La presidenta insistió en que México analiza la información disponible a través de sus propias instituciones y que, para establecer responsabilidades por posibles vínculos criminales, deben existir elementos que permitan acreditarlos.

La postura del Gobierno mexicano mantiene abierta la diferencia entre los señalamientos formulados por Estados Unidos y los elementos que hasta ahora han podido ser corroborados por las autoridades mexicanas.