La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, acusó que en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se violó el principio de confidencialidad durante el proceso impulsado por autoridades de Estados Unidos, lo que derivó en un “linchamiento mediático” contra los funcionarios señalados.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la funcionaria explicó que la difusión pública de la acusación y la solicitud de detención provisional rompió con los protocolos establecidos en los procesos de extradición, los cuales deben manejarse de manera reservada entre gobiernos para garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia.

Alcalde subrayó que esta confidencialidad está respaldada por instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y advirtió que su incumplimiento puede “sesgar a las autoridades y contaminar pruebas”, afectando el desarrollo legal del caso.

La funcionaria sostuvo que la exposición mediática anticipada provocó que los implicados fueran juzgados públicamente antes de que exista una resolución judicial, lo que calificó como un proceso de “linchamiento mediático”.

En este contexto, también aclaró que hasta ahora el gobierno de Estados Unidos no ha presentado elementos suficientes que justifiquen una detención provisional con fines de extradición, por lo que México solicitó información adicional antes de que el caso pueda ser evaluado por un juez.

El caso se enmarca en una crisis bilateral más amplia, luego de que autoridades estadounidenses acusaran a Rocha Moya y a otros funcionarios de presuntos vínculos con el narcotráfico, lo que ha tensado la relación entre ambos países y abierto un debate sobre soberanía, cooperación en seguridad y debido proceso.

Además, la Fiscalía General de la República ha señalado que, hasta el momento, no existen pruebas suficientes para proceder de manera inmediata, lo que refuerza la postura del gobierno mexicano de actuar con cautela ante las acusaciones.

El desarrollo del caso continúa bajo revisión, mientras autoridades mexicanas insisten en que cualquier acción deberá apegarse estrictamente a la legalidad y al respeto de los derechos fundamentales de los involucrados.