La Fiscalía General de la República (FGR) busca obtener una nueva orden de aprehensión contra el empresario Raúl Rocha Cantú, señalado por su presunta responsabilidad en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en un caso que sigue ampliándose en el ámbito judicial.

De acuerdo con reportes recientes, esta acción forma parte de una investigación más amplia en la que el empresario, también identificado como copropietario del certamen Miss Universo, enfrenta acusaciones relacionadas con posibles esquemas financieros irregulares.

La solicitud de una nueva orden de aprehensión se suma a procesos previos en su contra, donde autoridades federales ya lo vinculan con presuntas redes de huachicol fiscal y delincuencia organizada, lo que ha derivado en múltiples líneas de investigación abiertas.

Hasta ahora, el empresario se mantiene en calidad de prófugo, mientras avanzan las indagatorias que buscan esclarecer su posible participación en operaciones ilícitas.

El caso de Rocha Cantú no es reciente. Desde 2025, autoridades mexicanas han investigado su presunta relación con una red criminal dedicada al contrabando de combustible, tráfico de armas y otras actividades ilegales que operaban a través de empresas fachada.

Incluso, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) llegó a congelar cuentas vinculadas al empresario como parte de las acciones para rastrear posibles flujos de dinero ilícito.

Las investigaciones apuntan a un esquema de alcance transnacional, en el que se habrían utilizado negocios en sectores como energía, bienes raíces y entretenimiento para mover recursos de origen presuntamente ilegal.

Este tipo de estructuras, según especialistas, suelen operar mediante compañías intermediarias y redes financieras que dificultan el rastreo del dinero.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado cuándo podría ejecutarse la nueva orden de aprehensión, pero el caso continúa en desarrollo y podría derivar en nuevas acciones legales.

El proceso contra Rocha Cantú se mantiene como uno de los expedientes relevantes en materia de combate al lavado de dinero y delincuencia organizada en México.