La directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, Sara Carter, advirtió que el gobierno del presidente Donald Trump buscará responsabilizar a cualquier persona que colabore con los cárteles del narcotráfico, sin importar si se trata de un funcionario público, un gobernador o un particular.

Durante una entrevista con Voz News, Carter reiteró que la estrategia antidrogas de Washington contempla perseguir no solo a integrantes de organizaciones criminales, sino también a quienes presuntamente les brinden apoyo o protección.

“Si ayudan o son cómplices de los cárteles, si colaboran con organizaciones terroristas extranjeras, no nos importa si son el gobernador o si son la persona que trabaja en la plaza, en una pequeña tienda. Los encontraremos, iremos por ustedes y nos aseguraremos de que paguen las consecuencias”, afirmó la funcionaria.

Las declaraciones fueron retomadas por la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, conocida por sus siglas en inglés como ONDCP, que reiteró la postura de la administración estadounidense frente a las redes de apoyo al narcotráfico y destacó la importancia de mantener la cooperación con México.

Washington pide intensificar la cooperación con México

Carter sostuvo que ambos países pueden avanzar en el combate a los cárteles mediante una mayor colaboración entre sus instituciones. En la entrevista, llamó a las autoridades mexicanas a trabajar de manera conjunta para debilitar a las organizaciones criminales.

La funcionaria también respaldó la postura de la administración Trump de aumentar los esfuerzos de seguridad y la inversión en las fuerzas encargadas de combatir el narcotráfico.

Sus declaraciones se producen en un contexto de presión bilateral por la estrategia contra los grupos criminales, así como por los señalamientos de autoridades estadounidenses contra funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con organizaciones delictivas.

La advertencia adquiere relevancia en medio del caso del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y de otros funcionarios señalados por autoridades estadounidenses por presuntos nexos con integrantes del crimen organizado.

El gobierno mexicano ha cuestionado que Washington no haya presentado públicamente pruebas que considere suficientes para respaldar algunos de esos señalamientos. Las acusaciones, por tanto, deben distinguirse de una responsabilidad penal acreditada ante los tribunales.

Carter no anunció en las declaraciones difundidas nuevas órdenes de detención ni identificó a personas específicas como objetivo de una operación inmediata. Su mensaje fue una reiteración de la política antidrogas de la administración Trump y de su intención de perseguir a quienes, según las autoridades estadounidenses, colaboren con los cárteles.

La postura de Washington mantiene en el centro de la relación bilateral el combate al narcotráfico, la cooperación en materia de seguridad y las diferencias sobre la manera en que deben desarrollarse las acciones contra las organizaciones criminales.