La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el Gabinete de Seguridad federal participa en la atención de la riña registrada en el Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, que dejó 10 personas fallecidas y 16 internas lesionadas.
Durante su conferencia matutina de este viernes 9 de octubre, la mandataria informó que las autoridades federales mantienen coordinación con el Gobierno de Sinaloa para reforzar las condiciones de seguridad en los centros penitenciarios del estado.
Sheinbaum señaló que el Gabinete de Seguridad ya abordó el caso y trabaja con la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, en acciones para fortalecer el sistema penitenciario estatal.
La presidenta indicó que espera que las autoridades de Sinaloa proporcionen información más detallada sobre lo ocurrido y las medidas que se pondrán en marcha tras el enfrentamiento.
Al ser cuestionada sobre el acompañamiento a los familiares de las personas fallecidas y lesionadas, Sheinbaum afirmó que los sistemas penitenciarios estatales y federales tienen la obligación de mantener comunicación con ellos y brindar la atención correspondiente.
La mandataria sostuvo que esta responsabilidad forma parte de los protocolos que deben seguir las autoridades penitenciarias ante hechos que involucran a personas privadas de la libertad y a sus familiares.
El caso provocó preocupación entre las familias que acudieron al centro penitenciario durante el horario de visitas, debido a que el enfrentamiento dejó víctimas mortales tanto entre internos como entre visitantes.
Sheinbaum confirmó que las causas de la riña serán investigadas y señaló que corresponderá al Gabinete de Seguridad informar posteriormente sobre los detalles del caso.
La presidenta no adelantó una explicación sobre el origen del enfrentamiento ni atribuyó responsabilidades. La investigación deberá esclarecer cómo comenzaron los hechos y determinar si existieron fallas en los mecanismos de seguridad del centro penitenciario.
De acuerdo con el balance reportado por las autoridades estatales, el enfrentamiento del jueves 8 de octubre dejó nueve personas privadas de la libertad y un niño de dos años que se encontraba de visita sin vida. Además, 16 internos resultaron lesionados.
Tras los hechos, las autoridades desplegaron fuerzas de seguridad y suspendieron las visitas familiares como medida preventiva.
El Gobierno federal mantiene su participación en la atención del caso, mientras las autoridades de Sinaloa deberán ampliar la información sobre las investigaciones y las acciones para reforzar la seguridad penitenciaria.
