La investigación que rodea al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dio un nuevo giro luego de que dos de sus excolaboradores más cercanos —Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas— se entregaran a autoridades de Estados Unidos, en medio de acusaciones por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con información judicial y reportes confirmados por medios estadounidenses y mexicanos, ambos exfuncionarios forman parte de una lista de al menos diez señalados por el Departamento de Justicia de EU por supuesta participación en una red de protección política y financiera ligada a “Los Chapitos”.

El movimiento de ambos personajes ha sido interpretado por analistas como un golpe directo a la narrativa de defensa del gobierno mexicano, que ha insistido en que las acusaciones deben acompañarse de pruebas sólidas antes de emitir juicios políticos o judiciales.

En ese contexto, la entrega de Mérida y Díaz en territorio estadounidense ha sido leída en círculos políticos como una señal incómoda: si la exigencia era “pruebas”, ahora —dicen críticos— “esas pruebas están empezando a aparecer desde dentro del propio caso”.

Mérida Sánchez, exresponsable de la seguridad estatal, ya compareció ante una corte federal en Nueva York como testigo cooperante, mientras que Enrique Díaz Vega se presentará en los próximos días ante la misma jurisdicción, según fuentes del gabinete de seguridad.

Las acusaciones en su contra incluyen presuntos sobornos, protección a operaciones del crimen organizado y uso de estructuras gubernamentales para facilitar actividades ilícitas a cambio de beneficios políticos y económicos.

El caso ha escalado también al terreno político, al aparecer el nombre del propio Rocha Moya en la investigación estadounidense, aunque hasta el momento no ha sido detenido y mantiene licencia temporal mientras avanza el proceso.

En México, el gobierno federal ha reiterado que no protegerá a nadie señalado por delitos, pero también ha insistido en que las acusaciones deben estar respaldadas por evidencia verificable, en medio de una creciente tensión diplomática con Estados Unidos.

Mientras tanto, la entrega de estos dos exfuncionarios abre una nueva fase del caso, donde las declaraciones y posibles testimonios podrían convertirse en piezas clave para el avance de la investigación internacional.