El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, permanece en territorio sinaloense y continúa bajo resguardo de escoltas estatales tras las acusaciones que enfrenta en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.
Durante la conferencia de seguridad federal, García Harfuch señaló que Rocha Moya mantiene su esquema de seguridad habitual y afirmó que, hasta el momento, las autoridades mexicanas no han confirmado riesgos específicos en su contra.
Las declaraciones ocurren en medio de la crisis política y judicial que enfrenta el exmandatario estatal, luego de que fiscales estadounidenses lo incluyeran en una acusación formal relacionada con presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
Rocha Moya solicitó licencia temporal al cargo el pasado 2 de mayo para facilitar las investigaciones abiertas tanto en México como en Estados Unidos, mientras el Congreso de Sinaloa designó una administración provisional en el estado.
El gobierno estadounidense sostiene que el político sinaloense habría recibido apoyo del crimen organizado durante procesos electorales y posteriormente brindado protección institucional a integrantes del Cártel de Sinaloa, acusaciones que el exgobernador ha rechazado públicamente.
En semanas recientes, el caso escaló internacionalmente tras darse a conocer solicitudes de extradición y el congelamiento preventivo de cuentas bancarias relacionadas con Rocha Moya y otros exfuncionarios sinaloenses señalados en la investigación.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó anteriormente que el exgobernador cuenta con seguridad adicional como medida preventiva, aunque versiones oficiales sobre quién solicitó dicho resguardo han generado contradicciones entre funcionarios federales.
Mientras tanto, la Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación propia sobre el caso, aunque autoridades mexicanas han insistido en que Estados Unidos todavía no entrega pruebas suficientes para proceder judicialmente contra Rocha Moya en territorio nacional.
El caso del exgobernador se ha convertido en uno de los mayores focos de presión política para Morena y el gobierno federal debido al impacto que podría tener en la relación bilateral entre México y Estados Unidos y en el panorama político rumbo a las elecciones de 2027.
