Familiares de personas desaparecidas fueron retirados de una sala de Naciones Unidas durante la presentación del informe sobre la crisis de desapariciones en México, luego de que mostraran fotografías de sus seres queridos. El hecho fue cuestionado por el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), Juan Pablo Albán, quien consideró lamentable que las víctimas no pudieran permanecer en el recinto.

El incidente ocurrió durante las actividades de la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, donde se abordó la situación de las desapariciones en México. Las familias buscadoras acudieron para visibilizar la ausencia de sus seres queridos y exigir que sus casos sean atendidos, en un contexto en el que el país acumula más de 130 mil personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con registros oficiales.

Albán expresó su inconformidad por el retiro de las víctimas y señaló que su presencia merecía respeto y escucha. Subrayó que el sufrimiento de las familias y sus demandas de verdad, justicia y reparación deben estar en el centro de las decisiones de los organismos internacionales.

El presidente del Comité también pidió que la discusión sobre México no quede atrapada en cálculos políticos ni consideraciones diplomáticas. Sostuvo que las víctimas necesitan una conversación seria y orientada a resultados concretos, con medidas que permitan fortalecer la búsqueda de personas, las investigaciones y la atención a quienes llevan años intentando localizar a sus familiares.

El pronunciamiento ocurrió mientras el Comité insistía ante la Asamblea General en la necesidad de examinar con carácter urgente la crisis mexicana y considerar opciones de cooperación internacional. El organismo activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un procedimiento excepcional que permite llevar situaciones de especial gravedad a la consideración de la Asamblea.

De acuerdo con el Comité, la evaluación de información oficial, antecedentes y aportaciones de víctimas y organizaciones civiles permitió identificar indicios fundados de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad y de la persistencia de esa práctica. El organismo aclaró que esta conclusión no equivale a una sentencia judicial ni establece por sí misma la responsabilidad internacional del Estado mexicano.

Durante la misma sesión, el Gobierno de México rechazó la interpretación del Comité sobre el alcance del artículo 34. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, defendió las acciones emprendidas por las autoridades para localizar a personas desaparecidas, fortalecer las fiscalías y mejorar las capacidades de identificación humana.

El funcionario informó que, según cifras oficiales, durante 2026 se han localizado más de 16 mil personas desaparecidas, en su mayoría con vida. El Comité reconoció ese dato como un avance, pero pidió que la cooperación internacional y el diálogo con México se mantengan de manera sostenida, debido a los problemas estructurales que persisten.

La salida de las familias de la sala añadió una nueva controversia a una discusión que busca definir qué apoyos pueden movilizarse desde la comunidad internacional para atender la crisis. Para las personas buscadoras, la prioridad continúa siendo encontrar a sus familiares, conocer la verdad sobre lo ocurrido y obtener respuestas de las autoridades.

El Comité insistió en que las víctimas deben ser escuchadas y que cualquier respuesta debe traducirse en resultados verificables en materia de búsqueda, investigación, identificación forense y protección de las familias.