El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reiteró ante la Asamblea General la preocupación internacional por la persistencia de las desapariciones forzadas en México y pidió mantener los esfuerzos de cooperación para fortalecer la búsqueda de personas, las investigaciones y la atención a las familias de las víctimas.

Durante la presentación de su informe anual ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, el presidente del Comité, Juan Pablo Albán, defendió la decisión de llevar la situación mexicana a consideración de ese órgano internacional mediante el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

El mecanismo busca que la Asamblea General examine la situación y considere posibles vías de apoyo internacional ante la gravedad de los hechos documentados. De acuerdo con el Comité, existen indicios fundados de que las desapariciones forzadas se han cometido y continúan ocurriendo en México de manera generalizada o sistemática, con hechos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

El organismo aclaró que su determinación no equivale a una sentencia judicial ni constituye por sí misma una declaración de responsabilidad internacional del Estado mexicano. También precisó que no encontró indicios fundados de una política federal deliberada u omisiva orientada a cometer desapariciones forzadas, aunque advirtió que persisten problemas estructurales que requieren atención.

Entre las medidas que podrían impulsarse mediante la cooperación internacional se encuentran el apoyo técnico y financiero para las labores de búsqueda, el fortalecimiento de las capacidades forenses, la investigación de los casos, el esclarecimiento de la verdad y la protección de las familias buscadoras y de las organizaciones que las acompañan.

Albán también hizo referencia a los avances reportados por México en materia de localización de personas. De acuerdo con cifras presentadas por el Estado mexicano, durante 2026 han sido localizadas más de 16 mil personas desaparecidas. El Comité reconoció esos resultados y llamó a mantener en el tiempo la cooperación con organismos internacionales y otros países.

La postura del Gobierno mexicano, sin embargo, mantiene diferencias con la interpretación del Comité sobre el uso del artículo 34. Durante su intervención ante Naciones Unidas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, reiteró el rechazo de México a esa interpretación y defendió las acciones emprendidas para atender la problemática.

El funcionario sostuvo que el Estado mexicano mantiene una política de apertura, diálogo y cooperación internacional, además de presentar los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Entre las acciones mencionadas se encuentran la revisión científica del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el fortalecimiento de las capacidades de identificación humana y la colaboración con especialistas nacionales e internacionales.

El Gobierno también ha destacado la cooperación con países como Alemania, España, Noruega, Canadá y Guatemala, así como con organismos de Naciones Unidas, para fortalecer los procesos de búsqueda e identificación de personas.

La discusión internacional ocurre en un país que registra más de 130 mil personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con cifras oficiales citadas durante las deliberaciones. Detrás de los registros permanecen miles de familias que continúan buscando a sus seres queridos y exigen investigaciones eficaces, identificación de restos humanos y resultados que permitan conocer el paradero de las víctimas.

Con la presentación del informe, el Comité insistió en que el acompañamiento internacional puede contribuir a reforzar las capacidades del Estado mexicano. La decisión sobre las posibles vías de cooperación corresponde ahora a la Asamblea General, mientras las autoridades mexicanas mantienen su postura de rechazo a la interpretación jurídica que motivó la activación del procedimiento.