César Jáuregui Moreno presentó su renuncia como fiscal general de Chihuahua en medio de la creciente polémica por la presencia de agentes estadounidenses en un operativo estatal que derivó en un accidente fatal y cuestionamientos sobre la legalidad de dicha colaboración.
La dimisión, de carácter irrevocable, ocurre en un contexto de presión política y social tras revelarse que personas extranjeras participaron —o estuvieron vinculadas— a un despliegue de seguridad sin cumplir con los protocolos establecidos por la ley mexicana.
El propio Jáuregui reconoció omisiones institucionales y asumió la responsabilidad política por los hechos, señalando que, aunque se han logrado avances en el combate al crimen organizado, estos no pueden justificarse si se vulnera el marco legal.
El caso detonó tras un operativo en la Sierra Tarahumara donde murieron agentes estadounidenses y funcionarios mexicanos, lo que abrió un debate nacional sobre la soberanía y los límites de la cooperación con agencias extranjeras.
La controversia también ha escalado al ámbito federal, donde se cuestiona quién permitió la presencia de estos agentes en territorio mexicano y bajo qué condiciones operaban, mientras continúan las investigaciones para esclarecer responsabilidades.
La salida del fiscal representa uno de los primeros efectos políticos directos de la crisis, que mantiene tensión entre autoridades estatales y federales.
