La reciente aprobación de cambios a la reforma judicial encendió la confrontación política en el Congreso, luego de que legisladores de oposición acusaran a Morena y sus aliados de “blindar” a magistrados electorales mediante lo que califican como un “premio” que podría extender su permanencia en el cargo.

El señalamiento surge tras la modificación que abre la puerta para que integrantes del Tribunal Electoral puedan buscar su continuidad en el futuro, lo que en los hechos permitiría alargar su presencia hasta más de una década adicional.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, la reforma beneficia directamente a magistrados como Mónica Soto, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez, quienes podrían mantenerse en funciones hasta 2034 si logran reelegirse.

Las bancadas opositoras sostienen que esta medida representa un incentivo indebido o “soborno político”, al considerar que se otorgan beneficios a perfiles cercanos al oficialismo dentro del sistema electoral.

Además, advierten que este tipo de decisiones debilitan la división de poderes y comprometen la independencia del Tribunal Electoral, al vincular los cambios legales con intereses políticos inmediatos.

Incluso dentro del propio bloque oficialista se registraron resistencias, aunque finalmente la reforma avanzó gracias a la mayoría legislativa de Morena y sus aliados.

Desde el gobierno federal y la bancada mayoritaria se ha rechazado que exista algún tipo de “pago” o irregularidad, argumentando que la reforma busca dar continuidad institucional y permitir que los magistrados puedan participar en procesos democráticos para mantenerse en el cargo.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha intentado bajar la tensión señalando que no se trata de una permanencia automática, sino de la posibilidad de competir nuevamente bajo nuevas reglas.

El cambio forma parte de un paquete más amplio de reformas electorales y judiciales que han generado debate en el país, incluyendo nuevas reglas sobre integridad de candidaturas y nulidad de elecciones por injerencia extranjera.

Sin embargo, especialistas advierten que el punto más sensible sigue siendo la relación entre el poder político y las instituciones electorales, en un contexto donde la confianza pública en los procesos democráticos se encuentra bajo presión.