La solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no pone fin a su protección legal ni abre automáticamente la puerta a un proceso penal en su contra, de acuerdo con especialistas en derecho constitucional.

El caso ha generado un intenso debate jurídico luego de que el mandatario se separara temporalmente del cargo en medio de acusaciones provenientes de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Abogados consultados coinciden en que pedir licencia no implica perder el fuero constitucional. Esta figura protege a ciertos funcionarios públicos para evitar que enfrenten procesos penales mientras ejercen el cargo.

Incluso fuera de funciones, la inmunidad sigue vigente hasta que se lleve a cabo un procedimiento formal de desafuero.

Esto significa que, aunque Rocha Moya ya no esté en funciones, las autoridades no pueden proceder penalmente en su contra sin antes cumplir con ese requisito legal.

Para que el gobernador con licencia pueda enfrentar cargos, primero debe activarse un proceso de desafuero, el cual corresponde al Congreso.

Este procedimiento tendría que ser impulsado por la Fiscalía General de la República (FGR), en caso de contar con pruebas suficientes para sostener una acusación.

Sin ese paso, cualquier intento de judicialización quedaría detenido por la inmunidad constitucional.

El debate no es unánime. Algunas voces, como la del exministro Arturo Zaldívar, sostienen que al separarse del cargo el fuero podría perder efecto, ya que este protege la función y no a la persona.

Sin embargo, otros juristas y actores políticos consideran que la licencia es insuficiente y han exigido que se proceda formalmente al desafuero para evitar impunidad.

La oposición ha intensificado la presión. Partidos como Movimiento Ciudadano han solicitado el desafuero del mandatario, argumentando que la licencia no garantiza que enfrente la justicia.

Además, dirigentes políticos han señalado que mantener el fuero podría obstaculizar cualquier investigación en su contra.

El escenario ocurre en medio de una crisis política mayor, tras señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos que vinculan a Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa.

Mientras tanto, la Fiscalía mexicana ha señalado que aún no existen pruebas suficientes para proceder de inmediato, lo que mantiene el caso en una etapa inicial.

En este contexto, el futuro legal del gobernador con licencia dependerá no solo de las investigaciones en curso, sino también de decisiones políticas y legislativas que podrían definir si mantiene su inmunidad o enfrenta un proceso judicial.