El Gobierno de Sonora informó que será la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) la instancia encargada de determinar el impacto ambiental del derrame químico registrado tras el descarrilamiento de un tren de carga en el municipio de Naco, en la zona fronteriza del estado.

De acuerdo con el gobernador Alfonso Durazo Montaño, el análisis técnico y ambiental quedará en manos de autoridades federales, quienes ya realizan inspecciones en el área para medir los posibles daños al ecosistema y establecer responsabilidades.

El incidente ocurrió luego de que un tren de Ferromex, subsidiaria de Grupo México, se descarrilara transportando aproximadamente 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio, una sustancia química utilizada en procesos industriales y considerada corrosiva.

El mandatario estatal explicó que, pese a la magnitud del accidente, el derrame no fue total debido a que el impacto de los vagones ayudó a contener parcialmente la fuga del químico, lo que redujo el volumen liberado al ambiente.

Tras el accidente, autoridades de los tres niveles de gobierno activaron protocolos de emergencia y desplegaron labores de contención para evitar una mayor dispersión del material, mientras que personal especializado continúa trabajando en la zona.

La PROFEPA, en coordinación con otras dependencias como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mantiene monitoreos en suelo y agua para identificar posibles afectaciones ambientales. De manera preliminar, autoridades han señalado que el derrame no representa un riesgo inmediato para la población, aunque las evaluaciones continúan.

No obstante, especialistas advierten que cualquier sustancia química puede generar impactos en el entorno, por lo que será el dictamen técnico el que determine la magnitud del daño y las medidas de remediación necesarias.

Paralelamente, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación para deslindar responsabilidades por el derrame, que ocurrió en un contexto de lluvias que han complicado las labores en el sitio.

El caso ha generado preocupación por un posible impacto ambiental en la región fronteriza de Sonora, además de reavivar el recuerdo de incidentes previos relacionados con la industria minera en el estado.

Las autoridades federales serán las encargadas de emitir un dictamen final que permita conocer el alcance real del daño ambiental y, en su caso, aplicar sanciones conforme a la legislación vigente.