La tensión política en Sinaloa escaló luego de que la diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, fuera víctima de una amenaza directa al encontrar una corona fúnebre colocada frente a su domicilio, hecho que encendió alertas en el ámbito legislativo y provocó una reacción inmediata de su bancada a nivel nacional.

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados condenó enérgicamente el acto, al considerarlo una forma de intimidación grave que pone en riesgo no solo la integridad de la legisladora, sino también el libre ejercicio de la función pública. En respuesta, solicitaron medidas de protección urgentes para Gárate y su familia.

El coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira, promovió un Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno Federal a intervenir a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad para la legisladora sinaloense. Asimismo, exigió que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso y realice una investigación exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables.

De acuerdo con reportes, la amenaza ocurrió luego de que la diputada denunciara públicamente situaciones relacionadas con la vida política en el estado, lo que ha generado preocupación sobre posibles represalias por su postura crítica.

La propia Paola Gárate ha manifestado que, pese al temor generado por el incidente, no cambiará su discurso ni dejará de alzar la voz. Incluso, aseguró que continuará con su labor legislativa “al costo que sea”, al considerar que el silencio no es opción frente a los desafíos que enfrenta la entidad.

El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad de los actores políticos en México, particularmente en entidades donde la violencia y la presión contra figuras públicas siguen siendo un factor de riesgo. Diversos posicionamientos dentro del PRI han subrayado que este tipo de actos no deben normalizarse, ya que representan un atentado contra la democracia y la libertad de expresión.

En ese sentido, legisladores insistieron en que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben actuar con prontitud y coordinación para evitar que este tipo de amenazas escalen a hechos de mayor gravedad, al tiempo que recalcaron la importancia de garantizar condiciones seguras para quienes ejercen cargos de representación popular.

El incidente no solo ha generado solidaridad hacia la diputada, sino que también ha puesto en el centro de la discusión la necesidad de reforzar los mecanismos de protección para funcionarios públicos, especialmente en contextos donde la violencia política puede vulnerar las instituciones democráticas.