El debate en torno a las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) escaló luego de que el exsecretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, cuestionara directamente la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el pago de salarios a docentes en paro.

En entrevista, el exfuncionario federal aseguró que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto sí existían mecanismos para sancionar a los maestros que faltaban sin justificación, los cuales incluían descuentos salariales e incluso la baja definitiva tras acumular ausencias consecutivas.

“Cada falta injustificada se descontaba y tres faltas seguidas daban lugar al cese”, sostuvo Nuño, al señalar que dichas medidas buscaban garantizar el derecho a la educación de niñas y niños.

Sus declaraciones se dan luego de que la presidenta Sheinbaum reconociera que integrantes de la CNTE mantienen el pago de sus salarios aun cuando participan en protestas, al tratarse —según explicó— de acuerdos establecidos desde administraciones anteriores, particularmente en entidades como Oaxaca.

El exsecretario criticó esta postura y acusó que la autoridad educativa actual ha renunciado a aplicar disposiciones que, a su juicio, protegían la continuidad del servicio educativo. En ese sentido, advirtió que las movilizaciones magisteriales han dejado sin clases a más de un millón de estudiantes, lo que consideró una afectación grave al sistema educativo.

De acuerdo con estimaciones difundidas recientemente, los paros de la CNTE han generado un impacto económico considerable, superando los 586 millones de pesos en pago de salarios durante días sin actividad docente.

El posicionamiento de Nuño se suma a un contexto de creciente tensión entre el gobierno federal y el magisterio disidente, que ha mantenido protestas y exigencias relacionadas principalmente con el sistema de pensiones, condiciones laborales y aumentos salariales.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum ha reiterado que su administración privilegiará el diálogo y evitará acciones de represión, incluso ante movilizaciones prolongadas, al considerar que la solución debe construirse mediante acuerdos y no mediante el uso de la fuerza.

La confrontación de posturas refleja no solo diferencias en la política educativa entre administraciones, sino también el reto actual de equilibrar las demandas del magisterio con la garantía del derecho a la educación en México.

El tema continúa generando debate en el ámbito político y educativo, especialmente en un contexto donde las protestas de la CNTE mantienen presión constante sobre el gobierno federal.