Ciudad de México.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) calificó como un grave retroceso democrático la intención del gobierno de Nicaragua de eliminar las elecciones en ese país, tras las recientes declaraciones del presidente Daniel Ortega.
La postura del PRI surge en medio de una creciente preocupación internacional por el rumbo político en Nicaragua, donde el oficialismo impulsa reformas que podrían cancelar los procesos electorales futuros y concentrar aún más el poder.
El partido tricolor señaló que la eliminación de elecciones representa una ruptura con los principios básicos de cualquier sistema democrático, al impedir que la ciudadanía elija libremente a sus gobernantes.
Este posicionamiento se suma a otras voces políticas y organismos internacionales que han expresado alarma por la situación en el país centroamericano.
El presidente Daniel Ortega anunció que en Nicaragua ya no se realizarían elecciones, en lo que analistas consideran un paso definitivo hacia un modelo autoritario.
La medida implicaría cancelar los comicios previstos para 2027 y consolidar un sistema político sin alternancia en el poder, tras años de señalamientos por represión a la oposición, detenciones de críticos y debilitamiento de instituciones.
Incluso, organismos internacionales y gobiernos de la región han advertido que esta decisión constituye una violación a los principios democráticos y a los derechos políticos fundamentales.
Mientras algunos países han condenado abiertamente la medida, en México la postura del gobierno federal ha sido más cautelosa.
La presidenta Claudia Sheinbaum evitó una condena directa y reiteró el principio de autodeterminación de los pueblos, aunque afirmó que su administración está a favor de la democracia.
Esta diferencia de posturas ha abierto un debate sobre el papel de México frente a crisis democráticas en la región
Expertos consideran que la eliminación de elecciones en Nicaragua marcaría uno de los casos más extremos de concentración de poder en América Latina, al eliminar por completo los mecanismos de participación ciudadana.
El país ya había sido cuestionado en procesos anteriores por falta de garantías democráticas, incluyendo detenciones de opositores y restricciones a la participación política.
Con este nuevo paso, Nicaragua podría quedar dentro del reducido grupo de naciones sin procesos electorales competitivos, lo que incrementa la presión internacional sobre el régimen de Ortega.
