Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, promovió un juicio de amparo contra la Fiscalía General de la República (FGR) para reclamar lo que considera una demora en la definición sobre si la autoridad ministerial ejercerá o no acción penal dentro de una carpeta de investigación iniciada en 2023.

El recurso fue presentado el pasado viernes ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, a cargo de la jueza Gabriela Sandoval Saavedra.

La demanda señala como acto reclamado la presunta dilación del agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula I-7 de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas (DGCAP), para determinar el curso de la investigación identificada con el número FED/DGCAP-CDMX/0000027/2023.

El expediente judicial disponible hasta ahora no detalla cuáles son los hechos o delitos que se investigan en esa carpeta ni precisa bajo qué calidad aparece Pío López Obrador dentro de la indagatoria.

En un acuerdo publicado el 17 de septiembre por el Órgano de Administración Judicial, la jueza informó que Pío López Obrador fue notificado por vía electrónica.

Sin embargo, el documento no establece si la demanda de amparo ya fue admitida a trámite ni señala que se haya concedido alguna medida cautelar.

Por ello, hasta el momento, el recurso representa la petición del hermano del expresidente para que la autoridad ministerial defina la situación de la investigación, pero no significa que un juez haya ordenado a la FGR ejercer acción penal o cerrar el expediente.

El nombre de Pío López Obrador ha estado relacionado públicamente con una investigación distinta derivada de unos videos difundidos en 2020, correspondientes a hechos ocurridos en 2015, en los que aparece recibiendo dinero en efectivo de David León Romero.

A partir de esas imágenes se presentaron denuncias por posibles delitos electorales.

En octubre de 2022, la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales determinó el no ejercicio de la acción penal contra Pío López Obrador y David León Romero en esa investigación electoral. La decisión se produjo después de una resolución judicial que ordenó a la autoridad ministerial definir el expediente.

Este antecedente es relevante para el contexto, pero la carpeta que ahora aparece en el nuevo juicio de amparo está identificada con el número FED/DGCAP-CDMX/0000027/2023, por lo que el expediente actualmente disponible no permite establecer que se trate de la misma investigación que fue cerrada en 2022.

El caso de los videos tuvo además un desenlace en materia electoral. El 18 de marzo de 2026, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó una resolución relacionada con esos hechos y determinó que no existían elementos suficientes para acreditar una infracción electoral atribuible a Pío López Obrador.

El nuevo recurso de amparo, sin embargo, está dirigido contra la presunta falta de definición de la FGR dentro de una carpeta de investigación iniciada en 2023.

Por ahora, será el juzgado federal el que determine el curso del juicio y, eventualmente, si existe una omisión de la autoridad ministerial que deba ser corregida.

La información disponible no establece todavía cuál es el contenido de la investigación de 2023 ni si la FGR contempla ejercer acción penal contra Pío López Obrador.