La ofensiva política contra Rubén Rocha Moya sigue escalando. Ahora, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó formalmente una solicitud de juicio político contra el gobernador con licencia de Sinaloa y advirtió que también acudirá a instancias internacionales por los presuntos vínculos entre funcionarios de Morena y el crimen organizado.

La dirigencia nacional panista, encabezada por Jorge Romero, anunció además que buscarán promover la desaparición de poderes en Sinaloa y llevar denuncias ante la Corte Penal Internacional en La Haya por posibles delitos relacionados con violencia y presunta infiltración criminal en estructuras de gobierno.

El PAN sostiene que la solicitud de juicio político deriva de los señalamientos realizados recientemente por autoridades de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Durante conferencia de prensa, Jorge Romero acusó a Morena de intentar minimizar el caso y aseguró que Acción Nacional agotará “todos los recursos legales” para impedir impunidad. Ricardo Anaya, coordinador panista en el Senado, afirmó que el oficialismo busca generar “distractores” para evitar que se discutan las acusaciones que pesan sobre funcionarios sinaloenses.

La ofensiva ocurre en medio de la crisis política detonada tras la acusación presentada en Estados Unidos contra Rocha Moya por presunta colaboración con el narcotráfico, caso que ya provocó tensiones diplomáticas y una fuerte confrontación política entre oposición y Morena.

Aunque Rocha Moya ha rechazado las acusaciones y sostiene que se trata de un ataque político contra la llamada Cuarta Transformación, la presión sobre el caso continúa creciendo tanto en México como en Estados Unidos.

El PAN insiste en que el tema ya dejó de ser únicamente un asunto partidista y se convirtió en una discusión nacional sobre presunta infiltración criminal en estructuras de poder en Sinaloa. Mientras tanto, Morena ha defendido la postura de exigir pruebas contundentes antes de emitir cualquier condena política o judicial.