Una jueza federal ordenó que la audiencia clave para definir la situación jurídica del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, se realice de manera privada, sin acceso a medios de comunicación ni público.
La decisión se da en el marco del proceso que enfrenta el exmandatario por su presunta participación en una red de “huachicol fiscal”, relacionada con el contrabando de combustibles. La audiencia tiene como objetivo determinar si Ruffo será vinculado a proceso.
De acuerdo con reportes judiciales, la medida fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), bajo el argumento de que el caso involucra información sensible y de seguridad nacional, además de datos que deben mantenerse bajo resguardo.
Este proceso forma parte de una investigación más amplia que involucra a varias personas y empresas señaladas por la presunta importación ilegal de hidrocarburos hacia México, un esquema que habría operado durante años.
El caso ha generado fuerte polémica en el ámbito político, debido al perfil de Ruffo como una figura histórica de la oposición en México, lo que ha provocado acusaciones de persecución política por parte de algunos sectores, mientras que el gobierno federal ha defendido que se trata de un proceso basado en pruebas.
La audiencia, que previamente se ha extendido por varias horas e incluso días, continuará bajo reserva, en un contexto donde el caso se mantiene como uno de los más relevantes en materia de combate al contrabando de combustibles en el país.
