La oposición en la Cámara de Diputados solicitó investigar el patrimonio y la actuación de Carlos Ulloa Pérez, director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), luego de que trascendieran datos sobre adquisiciones inmobiliarias realizadas durante su paso por cargos públicos y en medio de cuestionamientos a la operación de la empresa encargada de participar en la compra y distribución de medicamentos.

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) anunció que llevará el caso ante la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, con la intención de solicitar la intervención de instancias como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Los legisladores panistas plantearon que se revise la evolución patrimonial de Ulloa y se determine si existe correspondencia entre sus ingresos como funcionario y los bienes que declaró. La exigencia surge después de que se difundiera que el titular de Birmex reportó la adquisición de dos departamentos pagados de contado, con un valor conjunto de 22.4 millones de pesos.

De acuerdo con su declaración patrimonial, Ulloa adquirió en 2020 un departamento valuado en 7.4 millones de pesos y posteriormente compró otro inmueble por 15 millones de pesos. En los documentos también aparecen otros bienes, entre ellos joyas recibidas como herencia y mobiliario adquirido por un monto de 1.5 millones de pesos.

A estos cuestionamientos se sumaron reportes sobre 19 movimientos migratorios internacionales registrados entre abril de 2022 y abril de 2026. Estos datos, por sí mismos, no constituyen una irregularidad, pero forman parte de la información que ha sido colocada bajo escrutinio público junto con las declaraciones patrimoniales del funcionario.

En paralelo, el PRI anunció que buscará la comparecencia de Ulloa para que explique ante el Congreso los señalamientos relacionados con Birmex y la situación de la empresa.

La presión legislativa ocurre mientras la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mantiene una investigación sobre presuntas irregularidades en contratos millonarios relacionados con Birmex. Entre los casos señalados se encuentra una operación en la que se habría detectado un sobrecosto estimado en 13 mil millones de pesos dentro de la Compra Consolidada de Medicamentos.

Dentro de esa investigación también se revisan contratos otorgados después de que una empresa fuera sancionada e inhabilitada. De acuerdo con la información difundida, una compañía filial habría comenzado a recibir adjudicaciones para servicios similares, pese a mantener vínculos societarios con la empresa sancionada.

El caso coloca nuevamente a Birmex en el centro del debate sobre las compras públicas de medicamentos y la transparencia en el manejo de recursos destinados al sector salud.

Hasta el momento, los cuestionamientos sobre el patrimonio de Ulloa y las investigaciones relacionadas con contratos de Birmex no significan, por sí mismos, que el funcionario haya cometido un delito. Las autoridades correspondientes deberán determinar si existieron irregularidades administrativas o responsabilidades legales a partir de las revisiones solicitadas.

La oposición sostiene que las investigaciones deben permitir esclarecer el origen de los recursos utilizados para las adquisiciones patrimoniales y determinar si hubo alguna anomalía en los procesos de contratación de Birmex. El caso podría avanzar en los próximos días con las solicitudes formales de auditoría y la eventual comparecencia del director de la empresa.