La senadora del PRI y aspirante al gobierno de Sinaloa, Paloma Sánchez, afirmó que no considera que el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya pueda convertirse en testigo protegido de Estados Unidos y sostuvo que, desde su perspectiva, el desenlace debería ser su encarcelamiento.

“No veo a Rocha Moya de testigo protegido de Estados Unidos; lo veo en la cárcel”, declaró la legisladora durante sus recientes intervenciones públicas, en referencia a los señalamientos que enfrenta el político sinaloense ante autoridades estadounidenses.

Las declaraciones ocurren en un contexto en el que Estados Unidos mantiene una solicitud de detención provisional con fines de extradición relacionada con Rocha Moya. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó previamente que transparentaría la información correspondiente a estas solicitudes, aunque mantuvo bajo reserva las notas diplomáticas y documentos vinculados con expedientes judiciales.

Sánchez también ha cuestionado públicamente la situación política y de seguridad en Sinaloa y ha confrontado en el Senado a integrantes del gobierno estatal. En esta ocasión, sus señalamientos colocan nuevamente el caso de Rocha Moya en el debate político de la entidad rumbo a la sucesión gubernamental.

El caso de Rocha Moya

El gobierno mexicano ha señalado que Estados Unidos solicitó la detención del gobernador con licencia con fines de extradición, pero también ha precisado que Washington no ha presentado públicamente pruebas adicionales para sustentar los señalamientos.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó en septiembre que Estados Unidos respondió que no estaba obligado a entregar evidencia adicional, mientras que México mantiene sus propios procedimientos jurídicos para atender la solicitud.

Rocha Moya, por su parte, ha rechazado los señalamientos en su contra. Su caso también ha sido relacionado públicamente con otros funcionarios sinaloenses incluidos en las solicitudes estadounidenses.

En agosto, el senador Enrique Inzunza, también señalado por autoridades estadounidenses, rechazó haber buscado convertirse en testigo protegido y negó tener vínculos con organizaciones criminales.

En este escenario, las declaraciones de Paloma Sánchez representan una postura política de la senadora y no una resolución judicial sobre la situación de Rocha Moya.

El caso permanece sujeto a los procedimientos correspondientes entre las autoridades mexicanas y estadounidenses.