En Hermosillo, Sonora, padres de familia manifestaron su respaldo a la propuesta de restringir el uso de celulares y redes sociales en menores de 16 años; sin embargo, reconocen que llevar esta medida a la práctica implicará importantes desafíos tanto en casa como en las escuelas.

De acuerdo con testimonios recabados, aunque existe coincidencia en que el uso excesivo de dispositivos móviles puede afectar el desarrollo académico y social de los jóvenes, también hay preocupación sobre la forma en que se podría implementar una regulación efectiva sin vulnerar dinámicas familiares o generar conflictos con los menores.

Algunos padres consideran que más que una prohibición total, la clave está en establecer controles tecnológicos que permitan limitar el acceso a ciertos contenidos y contactos, priorizando el uso del celular con fines educativos. En ese sentido, proponen herramientas digitales que funcionen como filtros o “candados” para evitar el acceso a áreas inapropiadas.

Además, coinciden en que los adolescentes sí deberían tener acceso a dispositivos móviles, pero bajo supervisión y con un enfoque orientado a tareas escolares y comunicación básica. Aun así, uno de los principales cuestionamientos es cómo lograr que los menores respeten estas restricciones en un entorno donde la tecnología forma parte central de su vida cotidiana.

La discusión sobre limitar el uso de celulares en menores no es exclusiva de Sonora. En distintas entidades del país ya se han impulsado medidas similares, particularmente en entornos escolares, con el objetivo de reducir distracciones y mejorar el rendimiento académico.

Incluso a nivel internacional, padres y organizaciones han promovido acuerdos para retrasar el acceso de niños y adolescentes a smartphones y redes sociales, ante preocupaciones por su impacto en la salud mental, el sueño y la convivencia social.

Especialistas advierten que cualquier regulación debe ir acompañada de educación digital y participación activa de las familias, ya que sin estos elementos las restricciones podrían resultar poco efectivas o incluso contraproducentes.

Aunque el respaldo social a este tipo de medidas va en aumento, el reto principal sigue siendo su implementación. La falta de mecanismos claros de supervisión, así como la rápida evolución de la tecnología, plantean un escenario complejo para autoridades, escuelas y padres.

En Hermosillo, la postura parece clara: limitar sí, pero con estrategias realistas que no solo prohíban, sino que eduquen y acompañen a los menores en el uso responsable de la tecnología.