Una corte de San Diego, California, ordenó la deportación a México de Jorge Octavio Cortés Jiménez, señalado por su probable participación en la agresión contra una recepcionista del hotel Park Life Paradox, ubicado en Santa Fe, Ciudad de México.
El hombre permanece bajo custodia de autoridades migratorias estadounidenses en el Centro de Detención Mesa Otay, mientras se concreta su traslado a territorio mexicano.
De acuerdo con información difundida por autoridades y la representación legal de la víctima, en México existe una orden de aprehensión por el delito de feminicidio en grado de tentativa, por lo que una vez que sea entregado a las autoridades mexicanas deberá enfrentar el proceso correspondiente.
Los hechos que originaron la investigación ocurrieron el 29 de junio de 2026 en el hotel Park Life Paradox, en Santa Fe.
La agresión quedó registrada por cámaras de seguridad del establecimiento y posteriormente fue denunciada ante las autoridades capitalinas.
A partir de la investigación, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo una orden de aprehensión contra el señalado por su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa.
Ante la posibilidad de que hubiera abandonado el país, las autoridades solicitaron mecanismos de búsqueda internacional y alertas migratorias.
Cortés Jiménez fue localizado y detenido el 12 de agosto en San Diego, California, cuando presuntamente intentaba ingresar de manera irregular a Estados Unidos por vía marítima.
La detención permitió a las autoridades estadounidenses confirmar su identidad y mantenerlo bajo custodia migratoria mientras se determinaba su situación.
El caso cobró relevancia después de que se conocieran imágenes de la agresión y posteriormente se confirmó que el señalado había salido de México.
Tras la audiencia celebrada en San Diego, se determinó su deportación a México.
Una vez que sea entregado al Instituto Nacional de Migración, las autoridades mexicanas podrán ejecutar la orden de aprehensión vigente y ponerlo a disposición de un juez para la audiencia inicial correspondiente, de acuerdo con la información proporcionada por el abogado de la víctima.
El proceso penal deberá determinar su situación jurídica y, en su caso, su responsabilidad por los hechos que se le atribuyen.
Por tratarse de una persona señalada como probable responsable, cualquier responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades judiciales mediante el proceso correspondiente.
